La justicia electoral: soporte fundamental de la democracia en Panamá

La justicia electoral tanto la administrativa como la penal es un factor fundamental para el fortalecimiento de la democracia en Panamá y para garantizar la transparencia y legitimidad de los procesos electorales.

Así lo explicó Carlos Díaz, abogado y subdirector del Instituto de Estudios Electorales (INED) del Tribunal Electora, como parte de las palabras de introducción que ofreció como moderador del Webinar el Proceso Electoral, organizado por este instituto.

De acuerdo con Díaz, la justicia electoral permite establecer los mecanismos necesarios para asegurar que cada acción o procedimiento relacionado con el proceso electoral se cumpla estrictamente, según el marco jurídico. “Es la justicia electoral la que protege o reestablece los derechos políticos y electorales de los ciudadanos, de los partidos y de los candidatos”, resaltó.

Refuerzo de la credibilidad y protección de derechos

El jurista aseguró que un sistema de justicia electoral es importante para reforzar y dar mayor credibilidad a la conducción de un proceso electoral que busque ser libre, justo y auténtico. En el ámbito panameño, esta se divide en dos áreas principales bajo la jurisdicción del Tribunal Electoral: La Justicia Electoral Administrativa y la Justicia Electoral Penal.

Justicia Electoral Administrativa

Se encarga de abordar las violaciones al procedimiento electoral, aplicando sanciones en el ámbito administrativo. Estas infracciones pueden ser cometidas tanto por candidatos como por partidos políticos.

Justicia Electoral Penal

Carlos Díaz sostiene que una particularidad del sistema panameño es la existencia de la justicia penal electoral, bajo la competencia del organismo electoral. Panamá

es uno de los pocos países en el continente, donde el órgano electoral, desde su creación en 1956, mantiene competencia en esta área, enfatizó.

Agregó que el proceso electoral ha tenido diversos cambios, siendo uno de los más que se contempló en el año 2017, mediante la Ley 29 del 29 de mayo de 2017, que pasó de un sistema inquisitivo mixto a un sistema penal acusatorio garantista.

Con la existencia de estos dos mecanismos de justicia electoral se asegura que los derechos de los participantes sean protegidos y que cualquier irregularidad sea sancionada, contribuyendo, de esta manera, con la integridad y confianza en los comicios del país.